Ley estatal de Servicios Sociales ya!
Hace unos meses, Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, iniciaba un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que comiencen un debate absolutamente necesario de cara a la próxima legislatura del Gobierno de España. En concreto, su llamamiento hace referencia a la necesidad de establecer una ley estatal de Servicios Sociales que consolide el marco de referencia del Esstado del Bienestar.
Cuando se aprobó la conocida como Ley de Dependencia (que realmente es la Ley de Promoción de la Autonomía), hubo sectores profesionales e intelectuales que anunciaban que esta ley no podría ser la sustituta de una ley integral de Servicios Sociales.
A pesar de que la aprobación de la Ley de Dependencia fue anunciada a "bombo y platillo", su puesta en marcha adolece de grandes dificultades que ya habían anticipado: falta de presupuesto, falta de personal especializado, calendario excesivamente ambicioso y, para mí, lo más preocupante, un alto de nivel de expectativas hacia la ciudadanía creada por los propios anuncios del Gobierno.
Ahora que la ley ya está en pleno desarrollo y podemos evaluar sus aciertos y sus carencias, se demuestra claramente que se trata de una ley que no puede dar respuesta de una forma integral a las necesidades sociales de la población; entre otra cosas, porque se trata de una ley con unos procedimientos muy burocratizados, con plazos muy dilatados y, por tanto, muy poco ágil como instrumento de respuesta a necesidades sociales no estructurales.
Por tanto, los que decían que esta Ley de Dependencia venía a completar la parte que faltaba para el desarrollo del Estado del Bienestar, deberían considerar en estos momentos la necesidad de ir un paso más allá y proponer un gran pacto de estado para poder sacar adelante la Ley Estatal de Servicios Sociales, que supere la situación en la que nos encontramos actualmente mediante la actuación de un plan, el conocido como Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
Cuando se aprobó la conocida como Ley de Dependencia (que realmente es la Ley de Promoción de la Autonomía), hubo sectores profesionales e intelectuales que anunciaban que esta ley no podría ser la sustituta de una ley integral de Servicios Sociales.
A pesar de que la aprobación de la Ley de Dependencia fue anunciada a "bombo y platillo", su puesta en marcha adolece de grandes dificultades que ya habían anticipado: falta de presupuesto, falta de personal especializado, calendario excesivamente ambicioso y, para mí, lo más preocupante, un alto de nivel de expectativas hacia la ciudadanía creada por los propios anuncios del Gobierno.
Ahora que la ley ya está en pleno desarrollo y podemos evaluar sus aciertos y sus carencias, se demuestra claramente que se trata de una ley que no puede dar respuesta de una forma integral a las necesidades sociales de la población; entre otra cosas, porque se trata de una ley con unos procedimientos muy burocratizados, con plazos muy dilatados y, por tanto, muy poco ágil como instrumento de respuesta a necesidades sociales no estructurales.
Por tanto, los que decían que esta Ley de Dependencia venía a completar la parte que faltaba para el desarrollo del Estado del Bienestar, deberían considerar en estos momentos la necesidad de ir un paso más allá y proponer un gran pacto de estado para poder sacar adelante la Ley Estatal de Servicios Sociales, que supere la situación en la que nos encontramos actualmente mediante la actuación de un plan, el conocido como Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
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