Exclusión social
Contenidos
1 Conceptualización
2 Riesgo de pobreza
3 Exclusión social y ciudadanía
4 Exclusión social en España
Conceptualización
Los datos muestran que las personas socialmente excluidas sufren en mayor grado que otros grupos una mortalidad más elevada, carencia de bienes básicos (como vivienda o alimento), menores oportunidades de desarrollo educativo, falta de participación en las distintas instituciones sociales, desempleo o empleo precario.
El concepto de exclusión social se define como un “fenómeno que conjuga una serie de factores endógenos (sexo, edad, raza...) y exógenos (extracto social, cultural, económico...) que dificultan o impiden el desarrollo integral del individuo” y está caracterizado por hacer referencia a situaciones de desventaja social debidas a causas estructurales (pautas culturales que influyen en los procesos de socialización, el funcionamiento del mercado de trabajo...), por ser un proceso relativo (estos procesos varían según diferentes sociedades y momentos históricos), dinámico (una persona que se encuentre en la zona de integración puede transitar hacia la exclusión y viceversa) y multidimensional (la persona se ve sometida al efecto combinado de carencias en múltiples dimensiones: económica, social y política).
Como deja entrever la definición anterior la exclusión social tendrá un efecto diferente según determinadas características de las personas (“factores endógenos”) llegando a ocurrir que algunos colectivos sean más vulnerables que otros ante los procesos de empobrecimiento y exclusión social, como ocurre con las personas con discapacidad, las niñas y las jóvenes, las inmigrantes, las mujeres (la dificultad se agrava en todos los colectivos por razón de género), a quienes pertenecen a minorías étnicas o a las personas mayores de 45 años.
En la actualidad el concepto de "exclusión" se entiende hace referencia a un proceso dinámico y multicausal, que implica desventajas y que está estrechamente vinculado a la falta de participación, integración social y poder.
Exclusión social y pobreza describen realidades diferentes. Una persona es pobre cuando no puede satisfacer por si misma sus “necesidades humanas básicas” (Doyal y Gough, 1994) ó “cuando posee una renta inferior al 60% de la media del país en que vive” (Eurostat, 2000) Por su parte, la exclusión social va más allá de la pobreza “se refiere a los factores múltiples y cambiantes que provocan que determinadas personas queden excluidas de los intercambios normales, de las prácticas y derechos de la sociedad moderna. La pobreza es uno de los factores más obvios, pero la exclusión social también hace referencia a la vulneración de derechos en la vivienda, la educación, la salud y el acceso a los servicios. Afecta a individuos y a grupos, especialmente en áreas urbanas y rurales, a aquellos que están de algún modo sujetos a discriminación o a segregación; y enfatiza la debilidad de la infraestructura social y el riesgo de permitir que se establezca por defecto una sociedad de doble ciudadanía”. Esto es, el análisis del fenómeno de la exclusión no puede individualizarse, culpando a las personas excluidas de su situación de desventaja y olvidando el condicionamiento estructural del fenómeno.
Las circunstancias que conducen a la exclusión son diferentes según las sociedades y momentos históricos, luego no pueden ser analizadas sin tener como referencia los comportamientos y estilos de vida del conjunto de la sociedad. La condición de persona excluida no puede definirse a partir del conjunto de atributos de las personas o de los grupos, sino por su separación y aislamiento del resto de la sociedad.
La exclusión tiene una naturaleza dinámica y se refiere mucho más a un proceso o a un conjunto de procesos que a una situación estable o a un estado. Las personas excluidas son aquellas que han sido progresivamente invalidadas por la coyuntura, por las reglas del juego social y económico (Àngela Gabàs i Gasa, 2003).
De este modo, se advierte la estrecha relación existente entre este concepto y el de "pobreza relativa", expresada de la siguiente manera en el "Proyecto de informe conjunto sobre la integración social" (2001), de la Comisión Europea: "Los términos pobreza y exclusión social se refieren a la situación en que se encuentran las personas que no pueden participar plenamente en la vida económica, social y civil, o cuyos ingresos o recursos (personales, familiares, sociales y culturales) son tan inadecuados que no les permiten disfrutar de un nivel y una calidad de vida considerado aceptable por la sociedad en la que viven. En estas situaciones a menudo las personas no pueden ejercer sus derechos fundamentales".
Así pues, la exclusión social es un fenómeno complejo y dinámico relacionado con la ausencia de oportunidades vitales, que impide o dificulta el desarrollo de las personas que lo padecen.
La exclusión social como proceso está considerada como un fenómeno estructural, dinámico y multidimensional (Muñoz, Vázquez y Vázquez, 2003) 11. Todo ello hay que tenerlo en cuenta si deseamos comprender cómo a una persona que aparentemente “le iba bien la vida” puede acabar en la calle.
El profesor Tezanos señala que la expresión exclusión social se ha empleado en los últimos años para referirse a "aquellas personas que, de alguna manera, se encuentran fuera de las oportunidades vitales que definen una ciudadanía social plena en las sociedades de nuestros días" (1999). Se trata de un concepto que se define, básicamente, en términos de carencia.
Presenta, por tanto, un sentido negativo y su comprensión sólo es posible en relación a otro concepto: el de inclusión social. De este modo, exclusión alude a una imagen dual de la sociedad (dentro-fuera) y a un modo de estar en ella con unos rasgos propios (integrado-excluido).
"La exclusión social, según el profesor Tezanos (1999), connota carencias no atendibles -ni resolubles- a partir de la lógica "espontánea del mercado", al tiempo que da lugar a la difusión de sensaciones de "vulnerabilidad social", "apartamiento" y "pérdida de sentido de pertenencia social". Lo que nos remite, en definitiva, a la crisis de la propia noción de ciudadanía social" 12.
Según se recoge en el I Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España (2001-2003) 13, son 4 los componentes que confluyen en el concepto de exclusión social:
- Estructural: las dinámicas y situaciones de marginación que afectan hoy a determinados colectivos se inscriben en la trayectoria histórica de las desigualdades sociales. Aún así, la exclusión va más allá e implica fracturas en el tejido social y la ruptura de determinadas coordenadas básicas de integración.
- Dinámica: la exclusión es más un proceso –o conjunto de procesos- que una situación estable. Las fronteras de la exclusión son móviles y fluidas, y los índices de riesgo presentan extensiones sociales e intensidades personales altamente cambiantes.
- Multifactorial y multidimensional: la exclusión se expresa como un fenómeno poliédrico, formado por la articulación de un cúmulo de circunstancias desfavorables, muy frecuentemente interrelacionadas. Por ello, la marginación, como temática de acción pública, requiere abordajes integrales en su definición y horizontales o transversales en sus procesos de gestión.
- Estratégica: la exclusión se ha de abordar desde la acción colectiva, desde el tejido social y desde las políticas públicas.
La exclusión social no es simplemente pobreza económica, ni tan siquiera pobreza económica extrema. La exclusión social es una acumulación de barreras y límites que dejan fuera de la participación en la vida social mayoritaria a determinadas personas. Estas barreras y límites implican la presencia de estas situaciones: pobreza económica extrema, fuertes dificultades para el acceso al empleo, acceso muy limitado a la educación, dificultades para hacer efectivo el acceso a la salud, falta de acceso a una vivienda digna, fuertes dificultades en el mundo de las relaciones familiares y sociales.
La noción de exclusión, incluso en su acepción común, connota una cierta idea de regresión o retroceso, que conduce a quitar algo que se había alcanzado, o a lo que se tiene o tenía derecho. La exclusión, en consecuencia, sólo puede ser definida en términos de aquello de lo que se es excluido, es decir, del nivel de vida y el modo de inserción social alcanzado en buena parte de los países occidentales y que ha estado razonablemente protegido y garantizado en el marco del Estado de Bienestar, en forma de un conjunto de derechos de carácter político, laboral, económico y social, que incluso habían llegado a ser sancionados solemnemente en las Constituciones de los países de nuestro entorno socio-cultural. De algunos de esos derechos y oportunidades y, sobre todo, del derecho a tener un puesto de trabajo o un modo de vida que permita vivir con dignidad es de los que están siendo “apartados” y excluidos en nuestros días un buen número de personas, en virtud de determinados procesos sociales que están conduciendo en la práctica a una dualidad de condiciones ciudadanas.
El concepto de exclusión social tiene una dimensión histórica. En la antigua Grecia los excluidos eran los esclavos; en la Edad Media eran los subordinados al señor feudal; en la Edad Moderna, son los hombres y las mujeres que no pueden hacer efectivo el estatus de ciudadano. Hay en esta secuencia histórica una diferencia de gran importancia para entender la exclusión moderna. En el siglo de los derechos sociales, la nueva naturaleza humana atribuye los mismos derechos y dignidad a todas las personas; y por lo tanto, excluir a una persona, grupo o colectivo de los derechos y/o dignidad que confiere el estatus de ciudadanía adquiere carácter de injusticia social, y le corresponde a los poderes públicos transformar las condiciones sociales que consigan unas condiciones dignas de vida.
Como García Roca señala, "el problema de la marginalidad no es sólo un asunto de estratificación económica que establezca un arriba y un abajo en la escala social, ni es un asunto cultural que dé lugar a un mundo integrado y un mundo desviado, sino que se ha sustanciado en un dentro y un fuera".
Se ha señalado la existencia de fases o estadíos en los procesos de exclusión (Castel, R 1990):
- Zona de integración, seguridad o estabilidad. Corresponde a la situación típico-ideal de la población con trabajo y protección social asegurada y sólida relación familiar y vecinal. Aunque en este grupo existen grandes desigualdades sociales, éstas no suponen una amenaza para la estabilidad social.
- Zona de vulnerabilidad, precariedad o inestabilidad. La situación se caracteriza por la fragilidad, la inseguridad de las relaciones laborales precarias y la inadecuación de los soportes familiares y sociales.
- Zona de exclusión o marginación. Se caracteriza por una retirada del mundo laboral, la ausencia de otro tipo de protección social y aislamiento social. Este grupo sufre las formas más extremas de pobreza, carece de acceso a las formas normalizadas de participación social y son incapaces de salir por sí solos de esta situación. En este grupo se encuentran los tradicionales beneficiarios de la asistencia social. Su reducido volumen no lo hace relevante en la desigualdad social.
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Algunos autores como Carlos García Serrano y Miguel Angel Malo, han planteado un desarrollo del esquema de Castel ampliando las tres zonas anteriores a siete, en función de la incidencia de tres variables básicas: trabajo, familia y domicilio. Pero esta ampliación mantiene la misma limitación que puede contemplar la clasificación de Robert Castel y que consiste en su “linealidad” y su dificultad de ubicación en una de las situaciones.
La propuesta del profesor José Félix Tezanos resulta mucho más interesante porque establece, a partir de su clasificación de los principales factores de exclusión: Laborales, Económicos, Culturales, Personales y Sociales, cuatro zonas básicas en el proceso de exclusión social, en función del nivel de riesgo de cada uno de los factores, tal y como podemos apreciar en la siguiente tabla:
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Según esta concepción, los individuos basculan de unas zonas a otras en un proceso en el que tiene un peso importante la relación con el mercado laboral. Las rupturas son compensadas por redes protectoras como la familia, la solidaridad comunitaria o pública. Cuando todos estos mecanismos fallan, las personas y familias se precipitan hacia situaciones de fuerte irreversibilidad.
Como se viene indicando, además de las limitaciones económicas, también se sufre de carencias sociales, políticas y culturales, y sobre todo, es la interconexión de situaciones de desventaja en todas las dimensiones lo que genera la falta de participación en los intercambios sociales generales.
Es importante tener en cuenta la idea de interconexión, pues ocurre que el acceso a un recurso concreto implica la obtención de otros recursos. Por ejemplo, el acceso al empleo además de ingresos nos proporciona también mayores derechos de seguridad social (nos acerca a las prestaciones contributivas), un prestigio social (al menos el derivado de nuestra autonomía), más posibilidades educativas (por ejemplo, actualmente la formación continua incluye acciones formativas que no se imparten o se imparten en menor grado en la formación ocupacional). La posesión de la ciudadanía da derecho a ejercer el voto, a ser protegido de forma más amplia por la legislación laboral o a la asistencia sanitaria más allá de las situaciones de urgencia.
Riesgo de pobreza
La tasa de riesgo de pobreza, calculada con los ingresos percibidos por los hogares en 2010, se sitúa en 2011 en el 21,8% de la población residente en España.
Por edades, la mayor tasa de riesgo de pobreza corresponde a los menores de 16 años.
Cabe destacar el aumento de esta tasa en los últimos años, que ha pasado del 23,3% en 2009, al 26,5% en 2011.
La tasa de riesgo de pobreza se reduce al 18,2% si se considera el valor del alquiler imputado. El hecho de considerar en el cálculo el valor de la vivienda en la que reside el hogar, cuando ésta es de su propiedad o la tiene cedida gratuitamente, hace que la tasa de pobreza disminuya en todos los grupos de edad, especialmente en el caso de los mayores de 65 años.
Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida Año 2011. Datos provisionales
Exclusión social y ciudadanía
Hablar de exclusión social en el sentido en que lo hacemos en la actualidad, remite inexorablemente al concepto de ciudadanía. El concepto sociológico de ciudadanía proviene de la formulación de T.H. Marshall, quien sostuvo que la ciudadanía es un status de plena pertenencia de los individuos a una sociedad y se confiere a quienes son miembros de pleno derecho de una determinada comunidad, en virtud de que disfrutan de derechos en tres ámbitos: civil, político y social.
El ámbito civil abarca los derechos necesarios a la libertad individual (libertad personal, palabra, pensamiento, fe, propiedad y posibilidad de suscribir contratos, y el derecho a la justicia). El ámbito político involucra el derecho a participar en el ejercicio del poder político, ya sea como miembro de un cuerpo dotado de autoridad política o como elector de los miembros de tal cuerpo. Y por último, el ámbito social abarca tanto el derecho a un nivel de bienestar económico y seguridad como a tomar parte en el conjunto de la herencia social y a vivir la vida de un ser civilizado, de acuerdo con los estándares prevalecientes en la sociedad.
El alcance de los derechos que se recogen en cada uno de estos ámbitos dio lugar a una etapa diferente en la conquista de la ciudadanía en su sentido más amplio.
Marshall puso el acento en la nueva etapa de conquista de la ciudadanía social, como algo que no sólo implicaba derechos civiles y políticos, sino también “todo ese espectro que va desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad, al derecho a participar plenamente del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado de acuerdo a los estándares predominantes en la sociedad”. “Las instituciones conectadas más directamente con ello –añadirá- son el sistema educativo y los servicios sociales”.
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El profesor Tezanos suma una nueva etapa a alcanzar, además de las propuestas por Marshall, que es la "ciudadanía económica", y que se basaría en introducir, como garantía, el empleo y la actividad socialmente útil, una política de rentas que garantice unos ingresos mínimos, la expansión de los servicios sociales y la unidad ciudadana.
Exclusión social en España
Numerosos autores que han estudiado de forma comparativa los valores de desigualdad y riesgo de pobreza entre comunidades autónomas, suelen establecer con frecuencia una relación inversamente proporcional entre crecimiento económico y reducción de la pobreza, pero los datos del Panel de Hogares de la Unión Europea demuestran que no es así, que el crecimiento económico por sí mismo no favorece la disminución del riesgo de pobreza, ni de la pobreza en sí misma. A medida que avanza la riqueza en el mundo, se incrementa la distancia entre pobres y ricos, lo que contradice enormemente los criterios que plantean quienes consideran que el desarrollo económico conlleva en sí mismo desarrollo humano y social 17.
Por tanto, se puede pensar que las transferencias públicas de recursos mediante transferencias sociales tienen un papel relevante en este sentido.
Resulta especialmente complejo hacer un estudio comparativo de las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pues se da bastante heterogeneidad.
En cualquier caso, los estudios que han realizado esta labor comparativa concluyen que las comunidades autónomas pueden agruparse en base a algunas características comunes:
Plano sociológico, las situaciones de riesgo: En relación a las situaciones de riesgo, España presenta un escenario poco homogéneo. No resulta contradictorio ese dato, sino al contrario, con muchos otros análisis sobre las diversidades económicas, sociales o políticas en España. Pero la dispersión es bastante elevada, sobre todo en cuanto a riesgos. Aún así, podemos distinguir cuatro tipos de situaciones. En el extremo positivo, 5 CC.AA –Navarra, País vasco, La Rioja, Aragón y Cantabria- presentan una combinación de intensidad y extensión de riesgos baja o media-baja. En el otro extremo, 3 comunidades autónomas –Andalucía, Canarias y Galicia- más las ciudades de Ceuta y Melilla, presentan una combinación alta y media-alta de riesgos de exclusión. El resto de comunidades se sitúan en posiciones intermedias. En Cataluña, Islas Baleares, Madrid y Asturias predominan riesgos medio-bajos. Mientras que en Extremadura, Murcia, las dos Castillas y la C. Valenciana predominan riesgos medio-altos.
Plano politológico, las coberturas institucionales: en el plano analítico de la cobertura –es decir, la combinación de políticas reductoras de factores y de atención a colectivos- la dispersión es algo menor, en la medida en que gran parte de las comunidades se concentran en valores bajos y medio-bajos. En este caso, se detecta el gran esfuerzo equilibrador e intervencionista llevado a cabo en los 80 y 90, aunque lo más inquietante es la poca adecuación de muchas de esas políticas a los nuevos retos y problemas planteados. En concreto, País Vasco y Navarra vuelven a agruparse en el polo positivo. En el polo opuesto, con un dispositivo institucional de inclusión débil se sitúan Islas Baleares, Cantabria, la C. Valenciana, Galicia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Extremadura presenta un esquema medio-alto de cobertura. Mientras que el resto de comunidades –Catalunya, las dos Castillas, Canarias, La Rioja, Andalucía, Asturias, Madrid, Aragón y Murcia- han puesto en pie andamiajes de inclusión poco potentes, en los que predominan déficits de cobertura en una u otra de las dimensiones estudiadas.
Quizás lo más interesante es situar a cada comunidad en el cruce de los dos planos analíticos: el sociológico, de riesgos; y el politológico, de coberturas institucionales. Ello nos permitirá proponer una tipología de CC.AA. de bastante interés:
- A) Las comunidades altamente inclusivas (el País Vasco y Navarra). Una distribución de riesgos de baja extensión e intensidad se articula a una oferta potente de políticas de inclusión social. Son pues las dos comunidades que, en principio, presentan menores niveles de vulnerabilidad ante dinámicas de configuración de sociedades excluyentes.
- B) Las comunidades más vulnerables. En este tipo podemos diferenciar dos variantes. Aquellas comunidades cuya vulnerabilidad resulta de una oferta de políticas de inclusión con carencias relevantes que presentan, en cambio, una realidad social en la que predominan riesgos de exclusión entre medios y bajos (Asturias, Cataluña, Madrid, Aragón, La Rioja, Islas Baleares y Cantabria). La otra variante presenta un solo caso, la comunidad de Extremadura. En ella, el predominio de riesgos sociales altos se ve en parte compensado por un conjunto algo más sólido de políticas de acción contra la exclusión.
- C) Por último, las comunidades débilmente inclusivas (Andalucía, Canarias, Galicia, las dos Castillas, Murcia y la C. Valenciana). En todas ellas, la amplia presencia de circunstancias de riesgo elevado se combina con respuestas públicas de inclusión poco desarrolladas y profundas, hecho que sitúa a dichas comunidades en posiciones de alta vulnerabilidad a dinámicas y factores excluyentes, y, a su vez, con baja capacidad de reacción pública ante realidades de exclusión social que afectan a colectivos más o menos amplios de su población.
El fin del pleno empleo y la introducción de políticas centradas en la flexibilización del mercado laboral han debilitado las fuentes financieras del Estado de Bienestar. La sociedad postindustrial se ha desarrollado conforme a valores centrados en el individualismo, el hedonismo y el logro personal frente a los principios “welfaristas” basados en la solidaridad social y comunitaria.
La influencia del pensamiento neoconservador se ha sentido en el diseño de las políticas sociales articuladas en la década de los noventa mediante la reducción del gasto social público; privatización de los sistemas de protección social; introducción de criterios “Welfare state” selectivistas en el acceso a los recursos públicos. En consecuencia, el Estado del Bienestar ha sido sustituido por un Estado asistencial (Rodríguez Cabrero, 1993; 1994; Alonso, 1996; Galtbraith, 1997); los derechos de ciudadana han sido sustituidos por criterios de oportunidad y capacidad para competir en el capitalismo global (Anisi, 1995; Alonso, 1999) y los destinatarios de las políticas públicas han sido fragmentados de acuerdo a criterios de rentabilidad económica y situación sociopersonal.
A tenor de la evolución de las políticas sociales en los últimos veinte años, debemos señalar la debilidad de la condición ciudadana de quienes se encuentran en situación de exclusión.
