15 de marzo de 2016

Por la dignidad de las personas

Hoy se celebra el Día Internacional del Trabajo Social, como reconocimiento de una profesión que lucha por los derechos humanos, la justicia social y el bienestar de las personas, familias, grupos y comunidad.

Como todos los terceros martes del mes de marzo, desde el año 2008, es un día que nos permite reflexionar especialmente sobre nuestro papel en la sociedad actual. Papel que, cada vez, nos resulta más difícil desempeñar tras los continuos y profundos ataques que hemos sufrido contra nuestra profesión en los últimos años.

Desde que comenzara la brutal crisis que estamos viviendo, comenzaron a alzarse diferentes voces que propugnaban que había que "racionalizar" el gasto público. Teniendo como base esta premisa, se han llevado a cabo diferentes iniciativas que han tenido como principal objetivo racionalizar lo que se denomina como gasto social (a mí me gusta más hablar de inversión social).

Con la excusa de ahorrar costes en lo social, muchas administraciones públicas han ido delegando la intervención social en aquellas entidades que hacen una atención directa y, en la más básico, a millones de personas que han visto cómo se ha reducido su propia capacidad de poder cubrir hasta sus necesidades más básicas.

Debemos reconocer la gran labor que han realizado muchas organizaciones sociales como pueden ser Cruz Roja, Cáritas,... y tantas otras entidades más o menos grandes, más o menos conocidas, mejor o peor financiadas, incluso algunas creadas de forma voluntaria por personas con una clara sensibilidad social y un amplio de sentido de solidaridad. Pero, detrás de esta gran oleada de solidaridad, se esconde la gran irresponsabilidad de esos poderes públicos que tienen la responsabilidad de cubrir las necesidades de la ciudadanía y de garantizar su bienestar. La dejación de las instituciones públicas, argumentándose muchas veces con la consabida frase de "no hay presupuesto", es del todo intolerable, porque hay crisis que no pueden evitarse (por son a escala global), pero la respuesta que se da a las situaciones de crisis sí que pueden mejorarse, poniendo en el centro de las respuestas y las actuaciones los intereses de las personas, frente a otros intereses como los económicos o los financieros.

Pero no se trata sólo de poner dinero encima de la mesa. El problema es mucho más profundo, puesto que detrás lo que opera es un cambio de paradigma, un cambio de modelo, pasando de las intervenciones basadas en derechos sociales a actuaciones basadas en caridad y beneficencia (términos éstos que creíamos desterrados en la sociedad española).

Dar respuesta a situaciones de necesidad o de dificultad de las personas para poder salir por sus propios medios de estas situaciones. Depender de la buena voluntad de otras personas o de entidades sociales para saber si vas a comer hoy. No tener garantizado un acceso a los recursos y prestaciones sociales públicas, porque dependen de que haya o no presupuesto. Todo esto, es un ataque a la dignidad de las personas, que deben "limosnear" pidiendo ayuda.

Y aquí está la clave de esta entrada de hoy. Si las políticas sociales no se basan en derechos sociales garantizados, no estamos respetando la dignidad de las personas. Así adquiere sentido el que ha sido tema central de este bienio en la celebración de este día mundial del Trabajo Social: "Derechos sociales por la dignidad".

Los nuevos gobiernos autonómicos y locales tiene la gran oportunidad de dar un importante vuelco a esta situación, retornando a una intervención social basada en un enfoque de derechos.

Por cierto, hoy os escribo desde Madrid, porque mañana da comienzo el 6º Congreso del Trabajo Social de Madrid, al que voy a asistir como congresista y representando al Colegio de Trabajo Social de Baleares. La verdad es que promete mucho, el programa es muy interesante. Si queréis estar al tanto de lo que vaya ocurriendo, podéis seguirme en mis redes sociales, por las cuales procuraré ir dando cuenta de lo más relevante.

Web: www.juanmagil.es

1 de marzo de 2016

Informe DEC 2015: "Derechos de papel"

Hoy es el Día de las Islas Baleares y, en este marco festivo, se suelen celebrar numerosos actos conmemorativos, tanto institucionales como culturales, gastronómicos, de ocio, infantiles, etc. Sin embargo, no suele ser habitual que se haga una análisis de la situación social en la que se encuentra nuestra comunidad autónoma. Por eso, me gustaría aprovechar para hacer un breve análisis del estado social de las Illes Balears.

Para ello, pretendo hacer un resumen de los datos que, a mi entender, pueden ser más destacables del Informe del Índice DEC de 2015, elaborado como siempre por nuestras compañeras y compañeros de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, desde hace 4 años. Os invito a que leáis el informe completo accediendo al enlace anterior.

El Índice DEC aborda tres aspectos esenciales en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales:

  • D. de derechos y decisión política
  • E. de relevancia económica
  • C. de cobertura de servicios

Un año más, los autores del Informe DEC constatan la dificultad para poder contar con datos actualizados sobre la cobertura real de servicios y prestaciones. Por este motivo, no han podido evaluar si el ligero incremento en el gasto (+ 0'60%) que se ha producido desde el año 2014 se ha trasladado a una mejor cobertura de los servicios.

Las principales conclusiones del Informe DEC 2015, sobre el Sistema Público de Servicios Sociales son:

  1. Un desarrollo débil
  2. Extraordinaria disparidad en la configuración del Sistema y en la cobertura de prestaciones y servicios entre unas y otras Comunidades
  3. Derechos de papel y cobertura sin garantía
  4. El desarrollo de los Servicios Sociales es resultados de formas de organización y gestión eficientes y no solo de un mayor esfuerzo económico.
  5. En 2013 se llegó al suelo de gasto en Servicios Sociales
  6. Siguen existiendo extraordinarios déficit de información en materia de Servicios Sociales
    • Inexistencia de datos
    • Retraso en la información
    • Responsabilidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Entrando a analizar la situación específica de Baleares, vemos que se mantiene estable en un pobre puesto número 11 en la calificación autonómica, con una calificación global débil de 3,85 puntos.

Destacan los autores un importante desequilibrio entre los derechos sociales reconocidos en la Ley Balear de Servicios Sociales y el Catálogo que la desarrolla (área en la que se alcanza la Excelencia), y la cobertura efectiva y real mediante el desarrollo de prestaciones y servicios. La ratio de Baleares en este ámbito es tan mala, que sólo es superada por Cataluña. Denominan a este desequilibrio "derechos de papel".

Se hace también una referencia al muy alto desequilibrio entre la relación entre gasto y cobertura, aunque anotan que puede deberse a la dificultad de la adecuada consolidación del gasto por tratarse de una comunidad que cuenta con una notable descentralización a través de las competencias que asumen los Consells Insulars y los municipios.

Me parece importante insistir en la idea de los "derechos de papel", tal y como la explican los propios autores del informe y su representación gráfica:

"Derechos de papel" es la fórmula con la que podemos calificar la situación de los Servicios Sociales en Cataluña, Baleares y Aragón. En estas tres Comunidades el ratio (cociente) entre la puntuación que obtienen en materia de Derechos y decisión política y la que puntúa su cobertura de prestaciones y servicios es superior a 1,25 puntos, es decir, existe una gran desproporción entre los derechos que reconocen sus leyes de Servicios Sociales y que concretan en sus Catálogos, y la cobertura real de prestaciones y servicios que deberían plasmar".


En cuanto al esfuerzo económico de Baleares en gasto social, podemos observar cómo se ha recuperado prácticamente los mismos niveles del año 2011, tras una bajada en el año 2012. Aún así, el esfuerzo económico de Baleares en gasto social por habitante, se mantiene casi un 22% por debajo de la media estatal (242,45 € por habitante, frente a 309,28 €), suponiendo un 1,03% del PIB balear frente al 1,38% de la media estatal.

En lo referente al apartado de Cobertura de servicios y prestaciones, se analizan 16 indicadores. En el año 2015, las Islas Baleares se han situado mejor que la media estatal en 6 indicadores, mientras que en 10 indicadores estamos por debajo. También se concluye que 6 indicadores mejoran respecto al ejercicio anterior, 7 empeoran y sobre 3 indicadores no constan datos de años anteriores para comparar.

El informe brinda una serie de Recomendaciones que los poderes públicos deberían seguir para mantener y mejorar los resultados obtenidos en este análisis:

  1. Incremento del gasto en Servicios Sociales para acercarse a la media estatal, lo que implicaría un incremento de 75 millones de euros anuales.
  2. Avanzar en la aplicación de la Ley de Dependencia. Se debe mejorar la cobertura que actualmente sólo alcanza al 5'7% de las personas potencialmente dependientes, mejorando las plazas residenciales de financiación pública y la cobertura del servicio de ayuda a domicilio, refuerzo de servicios que podría tener unos efectos muy positivos sobre el empleo en la comunidad.
  3. Incrementar la extensión y la cuantía de la Rentas Mínimas de Inserción, a fin de igualarse con la media de cobertura estatal y evitar la exclusión social de las personas más afectadas por la crisis y el paro.

Otra recomendación que me atrevo a hacer desde mi experiencia personal, sería exigir un compromiso claro y decidido de los responsables políticos de Baleares para que diseñen, pongan en funcionamiento y garanticen su continuidad de futuro, de sistema de recopilación sobre indicadores sociales en las Islas Baleares, haciendo el correspondiente desglose de datos por islas y por municipios, para conocer con mayor exactitud la cobertura de las necesidades sociales de la ciudadanía balear.

Quiero finalizar agradeciendo a los compañeros y las compañeras que elaboran cada año el Informe DEC (en este caso a Gustavo García, Luis Barriga, Jose Manuel Ramírez, Arantza Zubiría y Laura Velasco), por su gran aportación a facilitar el conocimiento del estado de situación del Sistema Público de Servicios Sociales de nuestro país, en una valiosísima comparativa por comunidades autónomas. Considero que estos es algo absolutamente necesario para conocer el alcance de lo que hacemos y poder redirigir las políticas sociales que debemos llevar a cabo.