El 40% de los Servicios Sociales puede desaparecer

Las personas que me seguís habitualmente en este blog, ya conocéis mi profunda preocupación por el futuro de los Servicios Sociales en nuestro país. Hasta ahora, la mayor parte de opiniones que hemos ido dando muchos profesionales de la intervención social sobre el impacto que puede suponer la aprobación de la Ley de Reforma de la Administración Local, venían siendo "aproximaciones" basadas en datos, un tanto desperdigados e inconexos. Ahora, nos llegan datos mucho más reales de lo que va a implicar esta nueva "racionalización", que no deja de ser un recorte más.

Y los datos nos llegan desde el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que ha publicado la Memoria del Plan Concertado 2011-2012.

¿Qué es el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales? Pues se trata de una herramienta de planificación que nació en el año 1988 para ordenar la estructura de los Servicios Sociales Municipales. Inicialmente, se preveía un compromiso a tres bandas entre la administración estatal, la autonómica y la local, repartiéndose el gasto a partes iguales. Sin embargo, esta proporcionalidad se ha ido desequilibrando a lo largo de su historia, recayendo el peso fuerte de la financiación en las autonomías y en los ayuntamientos. De este modo, vemos cómo en el año 2011 la aportación de los ayuntamientos al Plan Concertado fue de un 43.63%, la de las CC.AA. de un 50.55% y la del Estado tan sólo de un 5.58%.

Según el propio Ministerio, a través de su página web, la finalidad del Plan Concertado para el año 2012 es mantener y desarrollar una Red de Servicios Sociales de atención primaria, gestionada por las corporaciones locales, así como apoyarlas tanto en el desarrollo de las competencias que le son atribuidas por la “Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local” como en las respectivas leyes autonómicas de servicios sociales, se cofinancian proyectos que tienen los siguientes objetivos:

1.  Proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas.

1.  Dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales para el desarrollo de sus competencias.

1.  Consolidar y ampliar la red básica de servicios sociales municipales, para desarrollar las prestaciones de servicios sociales de atención primaria, entre las que se encuentran la ayuda a domicilio y la tele asistencia, previstas en el catálogo de servicios de la “Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia”.

Pero, volviendo a los datos de la Memoria que hacen referencia al año 2011, podemos destacar que se confirman las previsiones que desde los diferentes colegios profesionales del Trabajo Social habíamos venido calculando: el porcentaje de participación de los ayuntamientos en la financiación del Sistema Público de Servicios Sociales Municipales se cifra en el 43.63%. Con la Reforma de la Administración Local, las competencias en Servicios Sociales pasarán a las CC.AA., por lo que los ayuntamientos sólo continuarán asumiendo las tareas de información y asesoramiento, que representan un 4% del gasto total. Por tanto, el 40% de la financiación, que aportan actualmente los ayuntamientos, desaparecerá. Con ella, el 40% de los servicios.
La situación de Baleares

• Un incremento de la demanda de atención social de casi el 100% en el último año.

• Tasa de pobreza de un 25.8%.

• La mitad de los nuevos usuarios de los Servicios Sociales son de clase media.

• 3 de cada 10 niños viven en riesgo de pobreza infantil, según UNICEF.

• Un 10% de niños viven en hogares con privaciones materiales severas, doblando la tasa estatal.

• El 32% de personas paradas, lo son de larga duración y no tienen ningún tipo de prestación.

• La Ley de Dependencia ha sufrido recortes en forma de: endurecimiento de los requisitos para el acceso, retirada del pago de la cotización a cuidadores o retrasos en la gestión.

• El Govern Balear ha pasado de invertir 92 millones de euros en políticas activas de empleo en 2010, a los 25 millones de 2013.

Para el año 2012, de los poco más de 47 millones de euros destinados a este Plan, a las Illes Balears le correspondieron tan solo algo más 909.000 euros, un 1.93% del total. En 2013, el Estado ha aportado 32 millones.

Se prevé que los colectivos más afectados sean las personas mayores, las familias y los menores, pues son los grupos que más uso están haciendo de los Servicios Sociales. En concreto, la Ayuda a Domicilio puede ser la más resentida porque actualmente se destina el 81.59% del total.

Se destaca en la Memoria, además, que este desequilibrio en las aportaciones es especialmente acentuado en algunas autonomías. En Baleares, los ayuntamientos aportan el 89,91% del Plan Concertado. Le siguen los municipios de Galicia, con el 79,08%; los de Castilla y León, con el 76,67% y los de Andalucía, con el 71,34%. Por tanto, con esta Reforma, se prevé que pierdan más los municipios que más dinero aportan, tal y como ha explicado Ana Lima, Presidenta del Consejo General del Trabajo Social.

En definitiva, de los casi 58 millones de euros destinados al Plan Concertado en 2011, el Estado aportó el 4.78%, el Govern Balear el 5.31% y los ayuntamientos de las islas el 89.91%.

Estamos hablando de un Sistema de Servicios Sociales que actualmente lo están conformando y sosteniendo 67 municipios baleares, distribuido en 104 Unidades de Trabajo Social (UTS) que atienden a 1.106.049 habitantes. Todo este despliegue del Plan Concertado en Baleares, es posible gracias a la labor de 999 trabajadores que tienen, de media, 1.107 usuarios potenciales. Es decir, hablamos de un sistema potente y maduro que es más necesario que nunca mantener, cuando en Baleares tenemos:

Estamos en una situación muy preocupante, ante la que Unión Europea ha advertido a España sobre las profundas desigualdades sociales que se están generando.

Por otra parte, no hay que olvidar que por cada millón de euros invertido en Servicios Sociales, se generan 30 puestos de trabajo de calidad, de proximidad y que no son deslocalizables.

El nuevo escenario en el que nos situaría esta Reforma supone que son las CC.AA. las que asumen las competencias en Servicios Sociales y, por tanto, son las responsables de gestionarlos. Sin embargo, el proyecto de ley no recoge ninguna memoria económica que nos indique qué aportación va a hacer el Estado, únicamente deja muy claro que tiene la previsión de ahorrar 8 mil millones de euros.

Si el Estado deja de aportar lo que aportaba hasta ahora, si los ayuntamientos no pueden seguir prestando estos servicios y si el Govern Balear que los tiene que asumir está excesivamente endeudado (habiendo crecido la deuda pública un 21.13% para el 2014) y sólo ha incrementado un 7.16% el presupuesto de la Conselleria de Família i Benestar Social, ¿qué va a pasar con los Servicios Sociales? La respuesta está clara: al menos un 40% de los Servicios Sociales en España y en Baleares, van a desaparecer.

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Entrada publicada por Juanma Gil en "Al día del Trabajo Social", en el diario digital menorcaaldia.com, el 09.12.2013