El desmantelamiento de los Servicios Sociales

Después de un paréntesis de descanso veraniego, vuelta a la actualidad sobre el Trabajo Social. Y lo hago con una profunda preocupación por el futuro que le depara a los Servicios Sociales tras la aprobación en el Consejo de Ministros, el pasado viernes día 26 de julio, del anteproyecto de ley de Reforma para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

¿Y por qué esta preocupación? Porque los diferentes borradores que se han venido manejando desde el mes de febrero, apuntan hacia un desmantelamiento del actual Sistema de Servicios Sociales, eliminando competencias de los ayuntamientos para la gestión de los mismos y allanando el camino a una inmediata privatización de servicios.

Esta reforma supone un claro retroceso en el avance del Sistema de Servicios Sociales, el cual estaba comenzando a alcanzar un importante nivel de madurez, tanto en su expansión territorial como en la cobertura de servicios. En los últimos años, se había logrado que las carteras de servicios de las diferentes comunidades autónomas incluyeran algunos derechos subjetivos dirigidos a toda la ciudadanía de manera universal.

Por otra parte, el modelo actual de prestación de Servicios Sociales favorece la permanencia de los usuarios en su territorio, al haber descentralizado y desconcentrado muchos recursos. Sin embargo, la reconcentración de recursos y servicios puede ser una alarmante pérdida de cercanía a los ciudadanos.

Pero el cambio más importante radica en el profundo cambio de modelo que supone esta reforma, pues se pasa de un modelo basado en derechos a un modelo basado en la caridad y la beneficencia, lo que supone un nuevo paradigma que vacía de contenido principios tan fundamentales para el Trabajo Social como la justicia social.

Este cambio de modelo supone un ataque al Sistema de Servicios Sociales que no tiene precedentes durante la etapa democrática. A su vez, este cambio de modelo puede traer consigo una clara amenaza de privatización de servicios y de pérdida de empleo público. También supone parcializar las actuaciones sociales mediante la implantación de programas puntuales; es decir, se pondrán parches en lugar de atacar las causas de la desigualdad social.

Por otra parte, hay quien defiende que este nuevo modelo puede generar empleo, suponiendo un claro aliciente para el desarrollo del tercer sector. Sin embargo, en la realidad estamos asistiendo a un proceso paulatino de desaparición de muchas entidades sociales que se han visto ahogadas por los impagos de las diferentes administraciones públicas. Y, mientras tanto, son cada vez más las grandes empresas (filiales de constructoras, empresas eléctricas, de seguros, de limpieza,...) las que están accediendo a la contratación de prestación de Servicios Sociales. Empresas gigantescas que pueden aguantar mejor los retrasos en los pagos, que ahorran grandes costes en las retribuciones del personal y en la compra de materiales, bienes y servicios. Todo ello hace que el servicio final que recibe el ciudadano sea de menor calidad (aunque sea más barato).

Es evidente que el papel que juega el tercer sector es absolutamente necesario, pero como complemento a la red pública de servicios y potenciando las entidades sin ánimo de lucro, de forma que los "ahorros de costes" no repercutan en "malos servicios".

Finalmente, no podemos dejar de hablar del importante retroceso que han sufrido los fondos públicos destinados a Servicios Sociales, asignando un 40% menos de presupuesto al Plan Concertado de este año 2013. Es evidente que, en un momento en que los Servicios Sociales son más necesarios que nunca, no es una prioridad para nuestro gobierno, por más que se les llene la boca diciendo que "atender a los que más necesitan" es su prioridad.

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Entrada publicada por Juanma Gil en "Al día del Trabajo Social", en el diario digital menorcaaldia.com, el 02.09.2013