5 de febrero de 2011

Del "estado del bienestar" a "las autonomías y los ayuntamientos del bienestar"

La Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, anunció en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales del 27 de enero que la dotación presupuestaria del Plan Concertado de Servicios Sociales para 2011 será de 86,4 millones de euros, lo que supone una reducción de 9,5 millones (un 9,94% menos) con respecto al año anterior. El presupuesto de este plan ya permanecía congelado en los últimos años y el objetivo de cofinanciación a tres partes iguales entre gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos (al 33%) queda claramente incumplido una vez más cuando la ministra admite que el presupuesto para este año viene a representar un 8%.

Se ha anunciado también una "rebaja" del 5% en el presupuesto destinado a la aplicación y cobertura de la conocida como "Ley de Dependencia", la cual casi se nos vendió como que sería la solución a todos los problemas de la ciudadanía.

Esta realidad viene a confirmar la opinión de muchos responsables de comunidades autónomas y ayuntamientos de nuestro país, que hace años que ponen de manifiesto que el esfuerzo presupuestario real lo hacen estas instituciones y no el gobierno de España.

En lugar de avanzar hacia una co-financiación real a tres partes del sistema de Protección Social más importante de nuestro país por lo que se refiere a Servicios Sociales, estamos ante una progresiva dejación de esfuerzo presupuestario por parte del gobierno estatal y una mayor implicación de los entes autonómicos y locales.

Durante los últimos dos años, los comentarios referentes al desmantelamiento del "Estado del Bienestar" han sido suficientemente abundantes. Y, a mi entender, no faltos de sentido, pues no se puede comprender que no se ha haya alcanzado el nivel de financiación adecuado para el Plan Concertado de Servicios Sociales cuando venimos de épocas de mucha solvencia económica (al menos, aparentemente). Creo que esto es lo más grave, no se ha priorizado la protección social ni siquiera cuando "nos iba bien".

Posiblemente, en estos momentos, estemos asistiendo al nacimiento de un nuevo modelo de configuración territorial en cuanto los medios de protección social. Tal vez, esto no es más que el inicio de una progresiva "transferencia" a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de la responsabilidad sobre el "bienestar", pero una transferencia camuflada, por omisión y sin dotación presupuestaria.

Detrás de esta falta de implicación por parte del gobierno de España, es muy probable que estemos ante el nacimiento de un nuevo escenario de protección social denominado algo así como "las autonomías del bienestar" o "los ayuntamientos del bienestar".

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