Como todos los terceros martes del mes de marzo, desde el año 2008, es un día que nos permite reflexionar especialmente sobre nuestro papel en la sociedad actual. Papel que, cada vez, nos resulta más difícil desempeñar tras los continuos y profundos ataques que hemos sufrido contra nuestra profesión en los últimos años.
Desde que comenzara la brutal crisis que estamos viviendo, comenzaron a alzarse diferentes voces que propugnaban que había que "racionalizar" el gasto público. Teniendo como base esta premisa, se han llevado a cabo diferentes iniciativas que han tenido como principal objetivo racionalizar lo que se denomina como gasto social (a mí me gusta más hablar de inversión social).
Con la excusa de ahorrar costes en lo social, muchas administraciones públicas han ido delegando la intervención social en aquellas entidades que hacen una atención directa y, en la más básico, a millones de personas que han visto cómo se ha reducido su propia capacidad de poder cubrir hasta sus necesidades más básicas.
Debemos reconocer la gran labor que han realizado muchas organizaciones sociales como pueden ser Cruz Roja, Cáritas,... y tantas otras entidades más o menos grandes, más o menos conocidas, mejor o peor financiadas, incluso algunas creadas de forma voluntaria por personas con una clara sensibilidad social y un amplio de sentido de solidaridad. Pero, detrás de esta gran oleada de solidaridad, se esconde la gran irresponsabilidad de esos poderes públicos que tienen la responsabilidad de cubrir las necesidades de la ciudadanía y de garantizar su bienestar. La dejación de las instituciones públicas, argumentándose muchas veces con la consabida frase de "no hay presupuesto", es del todo intolerable, porque hay crisis que no pueden evitarse (por son a escala global), pero la respuesta que se da a las situaciones de crisis sí que pueden mejorarse, poniendo en el centro de las respuestas y las actuaciones los intereses de las personas, frente a otros intereses como los económicos o los financieros.
Pero no se trata sólo de poner dinero encima de la mesa. El problema es mucho más profundo, puesto que detrás lo que opera es un cambio de paradigma, un cambio de modelo, pasando de las intervenciones basadas en derechos sociales a actuaciones basadas en caridad y beneficencia (términos éstos que creíamos desterrados en la sociedad española).
Dar respuesta a situaciones de necesidad o de dificultad de las personas para poder salir por sus propios medios de estas situaciones. Depender de la buena voluntad de otras personas o de entidades sociales para saber si vas a comer hoy. No tener garantizado un acceso a los recursos y prestaciones sociales públicas, porque dependen de que haya o no presupuesto. Todo esto, es un ataque a la dignidad de las personas, que deben "limosnear" pidiendo ayuda.
Y aquí está la clave de esta entrada de hoy. Si las políticas sociales no se basan en derechos sociales garantizados, no estamos respetando la dignidad de las personas. Así adquiere sentido el que ha sido tema central de este bienio en la celebración de este día mundial del Trabajo Social: "Derechos sociales por la dignidad".
Los nuevos gobiernos autonómicos y locales tiene la gran oportunidad de dar un importante vuelco a esta situación, retornando a una intervención social basada en un enfoque de derechos.
Por cierto, hoy os escribo desde Madrid, porque mañana da comienzo el 6º Congreso del Trabajo Social de Madrid, al que voy a asistir como congresista y representando al Colegio de Trabajo Social de Baleares. La verdad es que promete mucho, el programa es muy interesante. Si queréis estar al tanto de lo que vaya ocurriendo, podéis seguirme en mis redes sociales, por las cuales procuraré ir dando cuenta de lo más relevante.
