Exclusión social


Contenidos

1 Conceptualización
2 Riesgo de pobreza
3 Exclusión social y ciudadanía
4 Exclusión social en España

Conceptualización


Los datos muestran que las personas socialmente excluidas sufren en mayor grado que otros grupos una mortalidad más elevada, carencia de bienes básicos (como vivienda o alimento), menores oportunidades de desarrollo educativo, falta de participación en las distintas instituciones sociales, desempleo o empleo precario.


El  concepto  de  exclusión  social  se  define  como  un  “fenómeno  que  conjuga  una  serie  de factores  endógenos  (sexo,  edad,  raza...)  y  exógenos  (extracto  social,  cultural,  económico...) que dificultan  o  impiden  el  desarrollo  integral  del  individuo”  y  está  caracterizado  por  hacer referencia a situaciones de desventaja social debidas a causas estructurales (pautas culturales que influyen  en  los  procesos  de  socialización,  el  funcionamiento  del  mercado  de  trabajo...), por ser un  proceso  relativo  (estos  procesos  varían  según  diferentes  sociedades  y  momentos históricos), dinámico (una persona que se encuentre en la zona de integración puede transitar hacia  la  exclusión y  viceversa)  y  multidimensional  (la  persona  se  ve  sometida  al  efecto combinado de carencias en múltiples dimensiones: económica, social y política).

Como deja entrever la definición anterior la exclusión social tendrá un efecto diferente según determinadas  características  de  las  personas  (“factores  endógenos”)  llegando  a  ocurrir  que algunos  colectivos  sean  más  vulnerables  que  otros  ante  los  procesos  de  empobrecimiento  y exclusión social, como ocurre con las personas con discapacidad, las niñas y las jóvenes, las inmigrantes, las mujeres (la dificultad se agrava en todos los colectivos por razón de género), a quienes pertenecen a minorías étnicas o a las personas mayores de 45 años.

En la actualidad el concepto de "exclusión" se entiende hace referencia a un proceso dinámico y multicausal,  que  implica  desventajas  y  que  está  estrechamente  vinculado  a  la  falta  de participación, integración social y poder.

Exclusión social  y pobreza describen realidades  diferentes. Una persona  es pobre cuando no puede satisfacer  por  si  misma  sus  “necesidades  humanas  básicas”   (Doyal  y  Gough,  1994)  ó “cuando posee una renta inferior al 60% de la media del país en que vive” (Eurostat, 2000) Por su parte, la exclusión social va más allá de la pobreza “se refiere a los factores múltiples y cambiantes  que provocan  que  determinadas  personas  queden  excluidas  de  los  intercambios normales,  de  las prácticas  y  derechos  de  la  sociedad  moderna.  La  pobreza  es  uno  de  los factores  más   obvios, pero  la  exclusión  social  también  hace  referencia  a  la  vulneración  de derechos en la vivienda, la educación, la salud y el acceso a los servicios. Afecta a individuos y  a  grupos,  especialmente  en áreas  urbanas  y  rurales,  a  aquellos  que  están  de  algún  modo sujetos a discriminación o a segregación; y enfatiza la debilidad de la infraestructura social y el riesgo de permitir que se establezca por defecto una sociedad de doble ciudadanía”. Esto es, el  análisis  del  fenómeno  de  la exclusión  no  puede  individualizarse,  culpando  a  las  personas excluidas  de  su  situación  de desventaja  y  olvidando  el  condicionamiento  estructural  del fenómeno.

Las  circunstancias  que  conducen  a  la  exclusión  son  diferentes  según  las   sociedades  y momentos  históricos,  luego  no  pueden  ser  analizadas  sin  tener  como  referencia  los comportamientos  y  estilos  de  vida  del  conjunto  de  la  sociedad.  La  condición  de  persona excluida no puede definirse a partir del conjunto de atributos de las personas o de los grupos, sino por su separación y aislamiento del resto de la sociedad. 

La  exclusión  tiene  una  naturaleza  dinámica  y  se  refiere  mucho  más  a  un  proceso  o  a  un conjunto  de  procesos  que  a  una  situación  estable  o  a  un  estado.  Las  personas  excluidas  son aquellas que han sido progresivamente invalidadas por la coyuntura, por las reglas del juego social y económico (Àngela Gabàs i Gasa, 2003).

De este modo, se advierte la estrecha relación existente entre este concepto y el de "pobreza relativa", expresada  de  la  siguiente  manera  en  el  "Proyecto  de  informe  conjunto  sobre  la integración social" (2001), de la Comisión Europea: "Los términos pobreza y exclusión social se  refieren  a  la situación  en  que  se  encuentran  las  personas  que  no  pueden  participar plenamente  en  la  vida económica,  social  y  civil,  o  cuyos  ingresos  o  recursos  (personales, familiares, sociales y culturales) son tan inadecuados que no les permiten disfrutar de un nivel y  una  calidad  de  vida   considerado  aceptable  por  la  sociedad  en  la  que  viven.  En  estas situaciones a menudo las personas no pueden ejercer sus derechos fundamentales".

Así  pues,  la  exclusión  social  es  un  fenómeno  complejo  y  dinámico  relacionado  con  la ausencia de oportunidades vitales, que impide o dificulta el desarrollo de las personas que lo padecen.

La exclusión social como proceso está considerada como un fenómeno estructural, dinámico y multidimensional  (Muñoz,  Vázquez  y  Vázquez,  2003)    11. Todo  ello  hay  que  tenerlo  en cuenta si deseamos comprender cómo a una persona que aparentemente “le iba bien la vida” puede acabar en la calle.

El  profesor  Tezanos  señala  que  la  expresión  exclusión  social  se  ha  empleado  en  los  últimos años para  referirse  a  "aquellas  personas  que,  de  alguna  manera,  se  encuentran  fuera  de  las oportunidades  vitales que definen una ciudadanía social plena en las sociedades de nuestros días" (1999).  Se  trata  de  un  concepto  que  se  define,  básicamente,  en  términos  de    carencia.

Presenta,  por  tanto,  un  sentido  negativo  y  su  comprensión  sólo  es  posible  en  relación  a  otro concepto:  el  de  inclusión  social.  De  este  modo,  exclusión  alude  a  una  imagen  dual  de  la sociedad  (dentro-fuera)  y  a  un  modo  de  estar  en  ella  con  unos  rasgos  propios  (integrado-excluido).

"La  exclusión  social,  según  el  profesor  Tezanos  (1999),  connota  carencias  no  atendibles  -ni resolubles- a partir de la lógica "espontánea del mercado", al tiempo que da lugar a la difusión de sensaciones  de  "vulnerabilidad  social",  "apartamiento"  y  "pérdida  de  sentido  de pertenencia social".  Lo  que  nos  remite,  en  definitiva,  a  la  crisis  de    la  propia  noción  de ciudadanía social"  12.

Según se recoge en el I Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España (2001-2003)   13, son 4 los componentes que confluyen en el concepto de exclusión social:

  1. Estructural:  las  dinámicas  y  situaciones  de  marginación  que  afectan  hoy  a determinados   colectivos    se    inscriben    en    la    trayectoria    histórica    de    las desigualdades  sociales. Aún  así,  la  exclusión  va  más  allá  e  implica  fracturas  en  el  tejido  social  y  la  ruptura de determinadas  coordenadas  básicas  de integración.
  2. Dinámica:  la  exclusión  es  más  un  proceso  –o  conjunto  de  procesos-  que  una situación estable. Las fronteras de la exclusión son móviles y fluidas, y los índices de riesgo presentan extensiones sociales e intensidades personales altamente cambiantes.
  3. Multifactorial  y  multidimensional:  la  exclusión  se  expresa  como  un  fenómeno poliédrico, formado por la articulación de un cúmulo de circunstancias desfavorables,  muy frecuentemente  interrelacionadas.  Por  ello,  la  marginación,  como   temática de acción pública, requiere abordajes integrales en su definición y horizontales o transversales en sus procesos de gestión.
  4. Estratégica: la exclusión se ha de abordar desde la acción colectiva, desde el tejido social y desde las políticas públicas. 
La exclusión social no es simplemente pobreza económica, ni tan siquiera pobreza económica extrema. La  exclusión social es una acumulación de barreras y límites que dejan fuera de la participación  en  la  vida  social  mayoritaria  a  determinadas personas.  Estas  barreras  y  límites implican  la  presencia  de  estas  situaciones:  pobreza  económica  extrema,  fuertes  dificultades para  el  acceso al empleo, acceso muy limitado  a  la educación, dificultades para hacer efectivo  el acceso  a  la  salud,  falta  de  acceso  a  una  vivienda  digna,  fuertes  dificultades  en  el mundo de las  relaciones familiares  y sociales.

La noción de exclusión, incluso en su acepción común, connota una cierta idea de regresión  o retroceso,  que  conduce  a  quitar  algo  que  se  había  alcanzado,  o  a  lo  que  se  tiene  o  tenía derecho. La exclusión, en consecuencia, sólo puede ser definida en términos de aquello de lo que  se es  excluido,  es  decir,  del  nivel  de  vida  y  el  modo  de  inserción  social  alcanzado  en buena parte  de  los  países  occidentales  y  que  ha  estado  razonablemente  protegido  y garantizado en el marco del  Estado de Bienestar,    en  forma  de  un  conjunto  de  derechos  de carácter  político, laboral,  económico  y  social,  que  incluso  habían  llegado  a  ser  sancionados solemnemente en las Constituciones de los  países  de  nuestro  entorno   socio-cultural.  De  algunos  de  esos  derechos  y oportunidades y, sobre todo, del derecho a tener un puesto de trabajo  o  un  modo  de  vida  que permita  vivir  con  dignidad  es  de  los  que  están  siendo “apartados”  y excluidos en nuestros días un buen  número  de  personas,  en  virtud  de determinados procesos sociales  que  están conduciendo  en  la  práctica  a  una  dualidad  de  condiciones ciudadanas.

El  concepto  de  exclusión  social  tiene  una  dimensión  histórica.  En  la  antigua  Grecia  los excluidos  eran  los  esclavos;  en  la  Edad  Media  eran  los  subordinados  al  señor  feudal;  en  la Edad  Moderna,  son  los  hombres  y  las  mujeres  que  no  pueden  hacer  efectivo  el  estatus    de ciudadano.    Hay    en    esta    secuencia    histórica    una    diferencia    de    gran  importancia  para entender  la  exclusión  moderna.  En  el  siglo  de  los  derechos  sociales,  la  nueva  naturaleza humana  atribuye  los  mismos  derechos    y  dignidad  a    todas    las  personas;  y  por  lo  tanto, excluir a una persona, grupo o colectivo de los derechos y/o dignidad que confiere el estatus de ciudadanía  adquiere  carácter  de  injusticia  social, y le corresponde a los poderes  públicos transformar las condiciones sociales que  consigan  unas  condiciones  dignas  de vida.

Como  García  Roca  señala,  "el  problema  de  la  marginalidad  no  es  sólo  un  asunto  de estratificación  económica  que  establezca  un  arriba  y  un  abajo  en  la  escala  social,  ni  es  un asunto  cultural  que  dé  lugar  a  un  mundo  integrado  y  un  mundo  desviado,  sino  que  se  ha sustanciado en un dentro y un fuera".

Se ha señalado la existencia de fases o estadíos en los procesos de exclusión (Castel, R 1990):
  1. Zona  de  integración,  seguridad  o  estabilidad.  Corresponde  a  la  situación  típico-ideal  de la  población  con  trabajo  y  protección  social  asegurada  y  sólida  relación familiar y vecinal. Aunque en este grupo existen grandes desigualdades sociales, éstas no suponen una amenaza para la estabilidad social.
  2. Zona de vulnerabilidad, precariedad o inestabilidad. La situación se caracteriza por la fragilidad, la inseguridad de las relaciones laborales precarias y la inadecuación de los soportes familiares y sociales.
  3. Zona  de  exclusión  o  marginación.  Se  caracteriza  por  una  retirada  del  mundo laboral, la ausencia de otro tipo de protección social  y aislamiento social. Este grupo sufre las formas más extremas de pobreza, carece de acceso a las formas normalizadas de participación social  y son incapaces de salir por sí solos de esta situación. En este grupo se encuentran los tradicionales beneficiarios de la asistencia social. Su reducido volumen no lo hace relevante en la desigualdad social.
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Algunos  autores  como  Carlos  García  Serrano y  Miguel  Angel  Malo,  han  planteado  un desarrollo  del  esquema  de  Castel  ampliando las tres zonas anteriores a siete, en función de la incidencia de tres variables básicas: trabajo, familia  y  domicilio.  Pero  esta  ampliación mantiene  la misma  limitación  que  puede contemplar la clasificación de Robert Castel y que consiste en su “linealidad” y su dificultad de ubicación en una de las situaciones.

La propuesta del profesor José Félix Tezanos resulta mucho más interesante porque establece, a partir de  su  clasificación  de  los  principales  factores  de  exclusión:  Laborales,  Económicos, Culturales, Personales  y  Sociales, cuatro zonas básicas en el proceso de  exclusión social, en función  del  nivel de  riesgo  de  cada  uno  de  los  factores,  tal  y  como  podemos  apreciar  en  la siguiente tabla:

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Según esta concepción, los individuos basculan de unas zonas a otras en un proceso en el que tiene un peso importante la relación con el mercado laboral. Las rupturas son compensadas por redes protectoras como la familia, la solidaridad comunitaria o pública. Cuando todos estos mecanismos fallan, las personas y familias se precipitan hacia situaciones de fuerte irreversibilidad.

Como  se  viene  indicando,  además  de  las  limitaciones  económicas,  también  se  sufre  de carencias sociales, políticas y culturales, y sobre todo, es la interconexión de situaciones de desventaja en todas las dimensiones lo que genera la falta de participación en los intercambios sociales generales.

Es importante tener en cuenta la idea de interconexión, pues ocurre que el acceso a un recurso concreto implica la obtención de otros recursos. Por ejemplo, el acceso al empleo además de ingresos nos proporciona también mayores derechos de seguridad social (nos acerca a las prestaciones contributivas), un prestigio social (al menos el derivado de nuestra autonomía), más posibilidades educativas (por ejemplo, actualmente la formación continua incluye acciones formativas que no se imparten o se imparten en menor grado en la formación ocupacional). La posesión de la ciudadanía da derecho a ejercer el voto, a ser protegido de forma más amplia por la legislación laboral o a la asistencia sanitaria más allá de las situaciones de urgencia.

Riesgo de pobreza

La tasa de riesgo de pobreza, calculada con los ingresos percibidos por los hogares en 2010, se sitúa en 2011 en el 21,8% de la población residente en España.

Por edades, la mayor tasa de riesgo de pobreza corresponde a los menores de 16 años.

Cabe destacar el aumento de esta tasa en los últimos años, que ha pasado del 23,3% en 2009, al 26,5% en 2011.

La tasa de riesgo de pobreza se reduce al 18,2% si se considera el valor del alquiler imputado. El hecho de considerar en el cálculo el valor de la vivienda en la que reside el hogar, cuando ésta es de su propiedad o la tiene cedida gratuitamente, hace que la tasa de pobreza disminuya en todos los grupos de edad, especialmente en el caso de los mayores de 65 años.

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida Año 2011. Datos provisionales

Exclusión social y ciudadanía

Hablar de exclusión social en el sentido en que lo hacemos en la actualidad, remite inexorablemente al concepto de ciudadanía. El concepto sociológico de ciudadanía proviene de la formulación de T.H. Marshall, quien sostuvo que la ciudadanía es un status de plena pertenencia de los individuos a una sociedad y se confiere a quienes son miembros de pleno derecho de una determinada comunidad, en virtud de  que disfrutan de derechos en tres ámbitos: civil, político y social.

El ámbito civil abarca los derechos necesarios a la libertad individual (libertad personal, palabra, pensamiento, fe, propiedad y posibilidad de suscribir contratos, y el derecho a la justicia). El ámbito político involucra el derecho a participar en el ejercicio del poder político, ya sea como miembro de un cuerpo dotado de autoridad política o como elector de los miembros de tal cuerpo. Y por último, el ámbito social abarca tanto el derecho a un nivel de bienestar económico y seguridad como a tomar parte en el conjunto de la herencia social y a vivir la vida de un ser civilizado, de acuerdo con los estándares prevalecientes en la sociedad.

El alcance de los derechos que se recogen en cada uno de estos ámbitos dio lugar a una etapa diferente en la conquista de la ciudadanía en su sentido más amplio.

Marshall puso el acento en la nueva etapa de conquista de la ciudadanía social, como algo que no sólo implicaba derechos civiles y políticos, sino también “todo ese espectro que va desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad, al derecho a participar plenamente del patrimonio social y a vivir la vida  de un ser civilizado de acuerdo a los estándares predominantes en la sociedad”. “Las instituciones conectadas más directamente con ello –añadirá- son el sistema educativo y los servicios sociales”.
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El profesor Tezanos suma una nueva etapa a alcanzar, además de las propuestas por Marshall, que es la "ciudadanía económica", y que se basaría en introducir, como garantía, el empleo y la actividad socialmente útil, una política de rentas que garantice unos ingresos mínimos, la expansión de los servicios sociales y la unidad ciudadana. 

Exclusión social en España

Numerosos autores que han estudiado de forma comparativa los valores de desigualdad y riesgo de pobreza entre comunidades autónomas, suelen establecer con frecuencia una relación inversamente proporcional entre crecimiento económico y reducción de la pobreza, pero los datos del Panel de Hogares de la Unión Europea demuestran que no es así, que el crecimiento económico por sí mismo no favorece la disminución del riesgo de pobreza, ni de la pobreza en sí misma. A medida que avanza la riqueza en el mundo, se incrementa la distancia entre pobres y ricos, lo que contradice enormemente los criterios que plantean quienes consideran que el desarrollo económico conlleva en sí mismo desarrollo humano y social        17.

Por tanto, se puede pensar que las transferencias públicas de recursos mediante transferencias sociales tienen un papel relevante en este sentido. 

Resulta especialmente complejo hacer un estudio comparativo de las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pues se da bastante heterogeneidad.

En cualquier caso, los estudios que han realizado esta labor comparativa concluyen que las comunidades autónomas pueden agruparse en base a algunas características comunes:

Plano sociológico, las situaciones de riesgo: En relación a las situaciones de riesgo, España presenta un escenario poco homogéneo. No resulta contradictorio ese dato, sino al contrario, con muchos otros análisis sobre las diversidades económicas, sociales o políticas en España. Pero la dispersión es bastante elevada, sobre todo  en cuanto a riesgos. Aún así, podemos distinguir cuatro tipos de situaciones. En el extremo positivo, 5 CC.AA –Navarra, País vasco, La Rioja, Aragón y Cantabria- presentan una combinación de intensidad y extensión de riesgos baja o media-baja. En el otro extremo, 3  comunidades autónomas –Andalucía, Canarias y Galicia- más las ciudades de Ceuta y Melilla, presentan una combinación alta y media-alta de riesgos de exclusión. El resto de comunidades se sitúan en posiciones intermedias. En Cataluña, Islas Baleares, Madrid y Asturias predominan riesgos medio-bajos. Mientras que en Extremadura, Murcia, las dos Castillas y la C. Valenciana predominan riesgos medio-altos. 

Plano politológico, las coberturas institucionales: en el plano analítico de  la cobertura  –es decir, la combinación de políticas reductoras de factores y de atención a colectivos- la dispersión es algo menor, en la medida en que gran parte de las comunidades se concentran en valores bajos y medio-bajos. En este caso, se detecta el gran esfuerzo equilibrador e intervencionista llevado a cabo en los 80 y 90, aunque lo más inquietante es la poca adecuación de muchas de esas políticas a los nuevos retos y problemas planteados.  En concreto, País Vasco y Navarra vuelven a agruparse en el polo positivo. En el polo opuesto,  con un dispositivo institucional de inclusión débil se sitúan Islas Baleares, Cantabria, la C. Valenciana, Galicia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Extremadura presenta un esquema medio-alto de cobertura. Mientras que el resto de comunidades –Catalunya, las dos Castillas, Canarias, La Rioja, Andalucía, Asturias, Madrid, Aragón y Murcia- han puesto en pie andamiajes de inclusión poco potentes, en los que predominan déficits de cobertura en una u otra de las dimensiones estudiadas.

Quizás lo más interesante es situar a cada comunidad en el cruce de los dos planos analíticos: el sociológico, de riesgos; y el politológico, de coberturas institucionales. Ello nos permitirá proponer una tipología de CC.AA. de bastante interés:
  • A) Las comunidades  altamente inclusivas (el País Vasco y Navarra). Una distribución de riesgos de baja extensión e intensidad se articula a una oferta potente de políticas de inclusión social. Son pues las dos comunidades que, en principio, presentan menores niveles de vulnerabilidad ante dinámicas de configuración de sociedades excluyentes.
  • B) Las  comunidades más vulnerables. En este tipo podemos diferenciar  dos variantes.  Aquellas comunidades cuya vulnerabilidad resulta de una oferta de políticas de inclusión con carencias relevantes que presentan, en cambio, una  realidad social en la que predominan riesgos de exclusión entre medios y bajos (Asturias, Cataluña, Madrid, Aragón, La Rioja, Islas Baleares y Cantabria). La otra variante presenta un solo caso, la comunidad de Extremadura. En ella, el predominio de riesgos sociales altos se ve en parte compensado por un conjunto algo más sólido de políticas de acción contra la exclusión.
  • C) Por último, las comunidades débilmente inclusivas (Andalucía, Canarias, Galicia, las dos Castillas, Murcia y la C. Valenciana). En todas ellas, la amplia presencia de circunstancias de riesgo elevado se combina con respuestas públicas de inclusión poco desarrolladas y profundas, hecho que sitúa a dichas comunidades en  posiciones de alta vulnerabilidad a dinámicas y factores excluyentes, y, a su vez, con  baja capacidad de reacción pública ante realidades de exclusión social que afectan a colectivos más o menos amplios de su población.
El fin del pleno empleo y la introducción de políticas centradas en la flexibilización del mercado laboral han debilitado  las  fuentes  financieras  del  Estado de  Bienestar.  La  sociedad postindustrial se ha desarrollado conforme a valores centrados en el individualismo, el hedonismo  y  el logro personal  frente a  los  principios  “welfaristas”  basados  en  la solidaridad social y comunitaria.

La influencia del pensamiento neoconservador se ha  sentido en el diseño de las políticas sociales articuladas en la década de los noventa mediante la reducción del gasto social público; privatización de los sistemas de protección social; introducción de criterios “Welfare state” selectivistas en el acceso a los recursos públicos. En consecuencia, el Estado del Bienestar ha sido sustituido por un Estado asistencial (Rodríguez Cabrero, 1993; 1994; Alonso, 1996; Galtbraith, 1997); los derechos de ciudadana han sido sustituidos por criterios de oportunidad y capacidad para competir en el capitalismo global (Anisi, 1995; Alonso, 1999) y los destinatarios de las políticas públicas han sido fragmentados de acuerdo a criterios de rentabilidad económica y situación sociopersonal. 

A tenor de la evolución de las políticas sociales en los últimos veinte años, debemos señalar la debilidad de  la condición ciudadana de quienes se encuentran en situación de exclusión.